Novedades del gobierno en materia de formación bonificada

El pasado viernes, el consejo de ministros aprobó el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. El objetivo de estas medidas legales no es otro que intentar incrementar la incidencia de la formación en la competitividad y estrategia de todo tipo de empresas de nuestro tejido empresarial.

Tras el revuelo mediático de los últimos años, se antoja necesario estructurar de una forma más productiva y clara un sector tan esencial para el progreso empresarial como es el de la formación. Además, el gobierno explica su intención de trabajar para garantizar el derecho a la formación proporcionando protección a los colectivos más vulnerables y desprotegidos en este sentido.

Por otra vertiente, esta batería de medidas busca obtener una mayor transparencia en la gestión de la formación de empleados y evitar una mala utilización de los fondos públicos dispuestos para este fin. En el mismo sentido de estas medidas, la administración intenta aunar la forma de proceder de los diferentes estamentos públicos, la cual se caracteriza por ser dispar dependiendo de la procedencia y razón del ente en cuestión.

Son varios los cambios significativos que podemos destacar:

• El nuevo modelo será de aplicación para todas las administraciones públicas, siempre que este respete las competencias propias de cada una de las administraciones que intervengan en la formación para el empleo.
• Se creará un sistema con las funciones de observatorio donde distintos entes sociales analizarán las tendencias profesionales y debatirán sobre la incursión de estas nuevas tendencias para que la formación para el empleo vaya “a la par” que el desarrollo empresarial.
• Implantación de la cuenta de formación. Quizás este sea uno de los cambios más significativos en lo que a estructura se refiere. Ya que se va a crear una especie de registro donde cada trabajador tendrá una clasificación con su actividad formativa obtenida, de tal modo que sea más sencillo comprobar y determinar el perfil profesional de los trabajadores.

Relacionado con esta medida, se le va a otorgar una importancia fundamental al registro de los centros de formación como organizaciones acreditadas para la impartición de formación, pudiendo conocerse datos de funcionamiento de éstas, tales como resultados de auditorías y otros elementos de juicio válidos para aumentar la eficiencia de los centros de formación.

• Otra modificación bastante simbólica al respecto se va a producir en el seno de la Fundación Tripartita, la cual pasará a estar formada en la mayoría de sus miembros por representantes de la Administración general.
• Cambios en la evaluación de la calidad. Se apostará por una evaluación más directa y relacionada con el aumento del nivel de desempeño que la formación produzca en los trabajadores.
• La formación no podrá ser objeto de subcontratación.
• Se creará un cheque formación para desempleados.

Por último, como concepto más genérico, este real decreto  buscará centrarse en la formación que obtienen las pymes y los autónomos, ya que son varias las estadísticas que sostienen que son la parte del tejido empresarial que menos tiempo ocupa en este sentido siendo, sin embargo, el papel de pymes y autónomos fundamental para el motor de la economía española.