La vivienda se está convirtiendo en el gran tema del 2024 en España. Prueba de ello son las manifestaciones que han tenido lugar en diversas ciudades. Y es que los precios se han disparado y los estudios demuestran que cada vez es más complicado para las personas encontrar un piso, en óptimas condiciones, que sean capaces de pagar con sus salarios, ni hablar de acceder a una hipoteca. Si a esto sumamos situaciones como las del estudiantado o la población migrante, entran muchos otros factores en juego. En este contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación dirigida a diversas agencias inmobiliarias en España, tras recibir denuncias sobre prácticas abusivas en el mercado de alquiler de viviendas.
La Dirección General de Consumo, encargada de llevar adelante esta investigación, ha señalado que algunas agencias están cobrando comisiones ilegales a los inquilinos por la gestión de arrendamientos, además de imponer contratos temporales sin justificación legal e incluir cláusulas abusivas en los acuerdos de alquiler.
«Solo te arrendamos por 9 meses (el verano lo rentamos a turistas)». «Si se daña la lavadora, no la arreglamos (una máquina vieja y muy gastada)». «En julio, debes pagar la renta de agosto por adelantado». «Tienes que pagar un pequeño importe por visitar el apartamento». «Esa vivienda ya lo hemos arrendado (cuando escuchan tu acento extranjero)». Todas estas frases y comportamientos se han vuelto comunes en el mercado del alquiler de viviendas. No obstante, constituyen prácticas abusivas, las cuales han motivado la investigación a inmobiliarias.
Prácticas irregulares y leyes vulneradas
Las acciones investigadas violan tanto la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Desde Consumo han recordado que la vivienda es un derecho protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la cual establece que los inquilinos no deben verse obligados a asumir comisiones ni condiciones que no estén justificadas o que contravengan la normativa vigente.
Uno de los principales abusos reportados es el cobro de comisiones por parte de las agencias inmobiliarias a los arrendatarios, algo expresamente prohibido por la Ley de Vivienda. En particular, se han identificado casos en los que se exigía a los inquilinos el pago de un mes de alquiler adicional, más el 21% de IVA, como «comisión de gestión». Este tipo de prácticas va en contra de la normativa que protege a los consumidores. El propietario es quien debe cubrir esos costos.
Sanciones y multas
El Ministerio ha informado que las infracciones graves incluyen el incumplimiento de las normas de precios y la imposición de condiciones no solicitadas por los consumidores, como cobrar por servicios que el inquilino no ha requerido. También se considera grave el uso de prácticas comerciales engañosas o desleales, que afectan negativamente a los derechos de los consumidores. Estas faltas pueden ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, pero si los beneficios obtenidos por estas prácticas superan dicha cantidad, las multas podrían aumentar entre cuatro y seis veces el valor de esos beneficios.
Por otro lado, las infracciones muy graves se refieren a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, es decir, términos que perjudican injustamente a los inquilinos o consumidores. Estas violaciones pueden resultar en sanciones que alcanzan hasta un millón de euros. Al igual que en las infracciones graves, si el beneficio obtenido mediante estas prácticas abusivas es superior a esa cifra, las multas pueden llegar a ser de seis a ocho veces el valor del beneficio ilícito obtenido.
Acciones preventivas y educativas
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, que encabeza Pablo Bustinduy, se han implementado campañas informativas dirigidas a las agencias inmobiliarias para alertar sobre estas conductas irregulares. Estas acciones buscan prevenir abusos, explicando claramente que el cobro de comisiones a los inquilinos, la imposición de fianzas desproporcionadas o la solicitud de mensualidades adelantadas sin justificación, son prácticas que están prohibidas.
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La lupa también se ha puesto sobre las plataformas de alquiler turístico
Paralelamente, el Ministerio también está investigando el alquiler de pisos turísticos que operan sin licencia, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Para ello, ha abierto una investigación a las plataformas de anuncios de alquiler turístico. El Ministerio les ha pedido información clave para identificar a aquellos propietarios que están actuando sin licencia o con malas prácticas.
A la fecha, el tema de las viviendas de alquiler, y de la regulación del turismo en general, está causando fuerte tensión para los gobiernos. Por lo cual, se espera que se anuncien nuevas medidas para manejar la situación, mientras las demandas de la ciudadanía aumentan. Incluso, los movimientos sociales han señalado que están dispuestos a iniciar una huelga de arrendatarios. En Valencia se mantiene una acampada para reclamar derechos relacionados con la vivienda, que podría replicarse en otras ciudades de no darse soluciones efectivas.
El desafío es que el Gobierno ofrezca un marco normativo claro y transparente que proteja tanto a inquilinos como a propietarios, garantizando que el derecho a una vivienda digna y asequible no sea vulnerado. La investigación a inmobiliarias, con sus respectivas sanciones, es solo un paso en este camino.
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