El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha vuelto a señalar a España por su sistema de despido improcedente, afirmando que es incompatible con la Carta Social Europea. Según UGT, este fallo podría abrir la puerta a cambios en las indemnizaciones por despido improcedente en España, incluyendo la posible reinstauración de la indemnización de 45 días por año trabajado y los salarios de tramitación, así como medidas para agilizar los procedimientos en los tribunales.
La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, aprobado por 13 votos a 1, determina que la indemnización vigente por despido improcedente en España "viola" el artículo 24 de la Carta Social Europea.
El organismo europeo sostiene que la compensación actual “no es lo suficientemente elevada para reparar el daño sufrido por la víctima (la persona despedida) en todos los casos y para disuadir al empleador” de llevar a cabo despidos de esta naturaleza.
Resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales: Cambios en la indemnización por despido improcedente
La resolución, publicada íntegramente el lunes 29 de julio, establece que la indemnización por despido improcedente debe tener un carácter disuasorio para prevenir incumplimientos legales por parte del empresario, y debe resarcir adecuadamente al trabajador afectado.
Actualmente, en España, la indemnización máxima en casos de despido improcedente no puede superar los 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades. En los casos de despido por causas objetivas o despido colectivo por motivos económicos, organizativos, técnicos o productivos, el límite es de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
El Gobierno español, al defender su legislación ante el Comité, argumentó que los límites máximos de indemnización buscan proporcionar una mayor seguridad jurídica tanto para los empleadores como para los empleados. Sin embargo, el Comité Europeo ha señalado que “no puede excluirse que la indemnización predeterminada pueda servir más bien como un incentivo para que el empleador despida a los trabajadores de manera injusta”.
El Comité Europeo de Derechos Sociales subraya que “en ciertos casos, los límites máximos de indemnización podrían inducir a los empleadores a realizar una estimación pragmática de la carga financiera de un despido improcedente, basándose en un análisis de costes y beneficios. En algunas situaciones, esto podría fomentar despidos improcedentes”.
“Es posible que no se tenga debidamente en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador afectado en relación con las características específicas del caso, entre otras cosas porque la posibilidad de una indemnización adicional es muy limitada”, apunta el Comité.
El Comité aboga por un sistema en el que las indemnizaciones se fijen en función de las características individuales de la persona despedida, asegurando así tanto la reparación del daño sufrido como el efecto disuasorio para los empleadores.
Por otra parte, el Comité también ha puesto en cuestión el límite superior de la escala indemnizatoria, afirmando que “no permite conceder una indemnización más elevada en función de la situación personal e individual del trabajador”, dado que los tribunales sólo pueden ordenar indemnizaciones dentro de los límites establecidos.
Cambios en la indemnización por despido improcedente
Ante este fallo, UGT ha instado al Gobierno, a los sindicatos y a la patronal a reunirse para realizar cambios en la indemnización por despido improcedente y adaptar la legislación española a las exigencias del Comité, subrayando que la resolución es de carácter vinculante.
UGT había presentó una demanda ante el Comité debido a que la reforma laboral de 2021 no revirtió completamente las medidas implementadas en 2012, que redujeron la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y eliminaron los salarios de tramitación.
Recientemente, han surgido debates en España sobre la necesidad de reformar nuevamente las leyes laborales para alinearlas con las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales.
Algunos expertos y organizaciones están sugiriendo que se debería considerar una reforma integral que no sólo aborde cambios en la indemnización por despido improcedente, sino también otras medidas que refuercen la protección de los trabajadores frente a despidos arbitrarios, como la mejora de los procedimientos judiciales y el aumento de las sanciones para los empleadores que cometan despidos improcedentes.
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