En el siguiente artículo vamos a analizar la reforma a la que se ha sometido la directiva PSD2. En Directiva europea sobre servicios de pago permitirá a terceros a realizar operaciones de forma ágil y segura.
La Directiva PSD
La Directiva PSD se publicó por la Unión Europea en 2007, con la intención de regular los pagos electrónicos en Europa. Esta norma fue impulsada por la Comisión Europea y fijo un marco legal donde debían de operar todos los proveedores de servicios digitales.
Su principal objetivo era que los derechos y seguridad de los consumidores se elevaran en las operaciones de compra llevadas a cabo en Internet, y ayudar a agilizar las operaciones. El procedimiento era el ejercido en estos años:
- Redirección a pasarela de pagos en el comercio electrónico.
- Uso de tarjeta.
- Aplicación de mecanismos de protección (como envío de códigos)
Sin embargo, con el tiempo la normativa aplicable al PSD se vio obsoleta, debido principalmente al incremento del comercio electrónico. Otro de los factores que favoreció el cambio de la reforma fue el surgimiento de las empresas Fintech.
La Directiva PSD, no ayudaba a que las operaciones ejercidas se mostraran de forma transparente, y no permitía al usuario ejercer un control adecuado sobre las mismas. A su vez se necesitaban reformas que hicieran más seguros los pagos por Internet
Por lo tanto en 2015 surgió la nueva Directiva 2015/2366 por la que sustituyo la PSD por la PSD2.
Nueva Reforma de la Directiva PSD2 del 2015/2366
Con la nueva normativa aplicable desde el 14 de septiembre se empezarán a aplicar medidas relacionadas con la segunda directiva. Esta modalidad de pago online se inserta con la intención de que las gestiones se realicen con una mayor rapidez y seguridad.
Algunos de los objetivos que presenta la reforma son:
- Pagos con mayor seguridad y rapidez.
- Gestión más eficaz de las finanzas personales.
Esta reforma se orienta a la nueva era digital, tiene el objetivo de mejorar las operaciones de individuos que llevan a cabo pagos.
De esta forma esto puede ayudar a introducir nuevos servicios, tanto para gestionar el ahorro, como para la ejecución de pagos.
¿Cómo influye al individuo?
En relación a los individuos, como hemos comentado anteriormente, la directiva ayuda al aumento de la seguridad. Anterior a la reforma, el proceso de verificación se ejercía a través de la información presente en la tarjeta bancaria.
Con la nueva reforma aplicable, la Unión Europea presenta la obligación a las entidades bancarias y comercios electrónicos a autentificarse en dos pasos. Esto significa que se comprobará la identidad mediante al menos dos métodos.
En este cambio de normativa, se inserta la SCA, que presenta la obligación de autentificar al usuario que realiza el pago a través de tres formas posibles (asegurando dos de ellas). Las tres formas son:
- Identificación: Teléfono móvil o documento de identidad.
- Información: Contraseña.
- Características del ususario: Identificación de cara, huella digital, etc.
Los procedimientos para autentificar al usuario son usados para confirmar que un usuario es quien dice ser. Esta autentificación obligará a las entidades que se encargan de gestionar el pago a verificar que se cumplen al menos dos de las formas planteadas.
A su vez el establecimiento de estas medidas de seguridad, la normativa favorece la protección del usuario en caso de acto fraudulento.
¿Cómo se ven modificados los procesos?
La directiva PSD2 ayuda a reducir el número de individuos que interactúan en una transacción económica. De manera que con la nueva norma las plataformas de pago serán integradas en las páginas de tiendas online. No siendo necesario, el salir de la propia web.
A día de hoy es necesario a la hora de llevar a cabo cualquier compra online, el uso de las tarjetas bancarias. Pero con la introducción de la autentificación en dos pasos, ya no será necesario su uso. Bastará con presentar el documento de indentidad y el reconocimiento biométrico del usuario.
Por lo tanto, este nuevo procedimiento ayuda a agilizar las compras online, autorizando a cualquier comercio el cobro de una compra inmediatamente. Algo similar a una transferencia.
¿Cómo se verá afectada la competencia?
El establecimiento de las reformas de la directiva PSD2 ayudará a que el sector sea más competitivo. Se igualarán los sistemas de pagos online y favoreciendo la actuación de nuevos actores, beneficiando a su vez al consumidor.
Las transacciones que se llevarán a cabo de forma transparente, ayudará a las empresas a competir al mismo nivel entre ellas y a favorecer que los pagos de lleven a cabo de la misma forma.
¿Qué es el Open Banking?
Con la incorporación de esta nueva reforma, surge un nuevo concepto conocido como Open Banking. Consiste en la apertura del acceso a cuentas de los clientes de un banco a terceros, siempre que estos tengan autorización del individuo. La reforma permitirá un acceso a la información bancaria del individuo. De esta forma ayudará a realizar operaciones y agrupar la información en el mismo lugar.
Esto se hará posible gracias al ofrecimiento por parte de las entidades bancarias el acceso a terceros mediante canales técnicos conocidos como APIs (Application Programming Interface), los cuales son más seguros y ágiles.
Para ello será necesario un portal para el acceso a terceros. Este permitirá llamar a la entidad bancaria, identificarse y solicitar y recibir pagos.
Por lo tanto, las APIs permite a los distintos comercios a convetarse con el banco, fijando comunicaciones directas entre los mismos.
Inconvenientes presentes en la reforma
La inserción de una nueva reforma, en este caso la directiva europea, conlleva una serie de modificaciones. Las cuales pueden llegar a cambiar la percepción del sector de las finanzas.
Cambios como la reducción de intermediarios, la eliminación de la tarjeta bancaria, o los procesos de verificación, conllevan una serie de inversiones. Estas inversiones se basan principalmente en tecnología, suponiendo elevados costes para en tecnología por parte de las organizaciones.
Por lo tanto, aunque la nueva normativa entre en vigor, existe la posibilidad de que algunos comercios o entidades bancarias no ofrezcan todos los servicios que plantea la directiva.
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